Las IES y la calidad educativa: Gestión de la formación profesional

Este es un estudio realizado por la Dra. María de Ibarrola en el año de 1998, él cual parte de considerar la situación actual (1998) y futura en el mundo del trabajo, señalando que su transformación exige el dominio de competencias que implican un grado de calificación elevado, un saber hacer y decidir con autonomía y con base en conocimientos científicos y tecnológicos complejos. Se reconoce una realidad laboral donde no sólo se modifican los contenidos de las ocupaciones sino que se preven cambios en las trayectorias laborales de los individuos, las estructuras productivas de los países y las relaciones de trabajo al interior de las empresas.

Frente a este panorama, se visualiza una desigualdad en los escenarios del futuro, ya que no todas las empresas ni todas las personas se están incorporando a esta dinámica de transformación. Se modifica la composición demográfica de la fuerza de trabajo con la inserción de las mujeres y la reducción de la vida útil del individuo, y aumentan las migraciones de trabajadores dejando a grupos de población al margen de los beneficios de la educación y la salud. Algunos autores se muestran pesimistas frente al porvenir y sostienen que las políticas laborales tendrán que elegir entre dos modelos: uno en que pocos estén empleados mientras los demás, desocupados, vivan a expensas del subsidio público; y otro en que se comparta el trabajo entre más personas, acortando las jornadas y semanas laborales. También influye en los escenarios del futuro la situación de extrema pobreza y precariedad de condiciones de trabajo en la que vive una parte considerable de la población latinoamericana, con escasas oportunidades de formación. Simultáneamente, se plantean serios problemas para los trabajadores que están en funciones y requieren actualizarse.

A continuación, la autora entra de lleno en el tema de la formación básica y su incidencia en la preparación para el trabajo, destacando en primer lugar la necesidad de que todos los ciudadanos reciban una formación integral que contemple una interacción entre lo académico y lo técnico, entre lo básico y lo especializado, y que desarrolle la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones. La misma debe poder adquirirse tanto en la escuela como en los centros de trabajo, lo cual requiere una transformación en las estrategias y programas de las instituciones tradicionales, en particular las escuelas, y también en las empresas. Se alude a la aparición de gran cantidad de propuestas con miras a la formación permanente, por ejemplo los paquetes pedagógicos vía computadora, que están siendo disponibles de manera poco sistemática. Esta forma de autodidactismo sólo será beneficiosa para quienes cuenten con una formación básica inicial que les brinde la alfabetización suficiente, les permita seleccionar las ofertas y les permita avanzar paulatinamente en una preparación eficiente y de calidad.

Se analiza luego el aporte de las escuelas a la formación, teniendo en cuenta que se están dando en América Latina importantes procesos de identificación, diseño curricular y certificación de las competencias laborales. Sin embargo, dichos procesos no han llegado todavía a conformar verdaderos sistemas nacionales que garanticen la flexibilidad y el reconocimiento de las competencias adquiridas, sin controlar de manera rígida las vías o mecanismos de su adquisición. Como referencia, se señala que según las conclusiones del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el trabajo requiere de las escuelas el logro de un saber hacer laboral con dos componentes básicos: competencias y fundamentos. Las primeras son de cinco tipos: competencias para el uso de recursos, interpersonales, de información, de manejo de sistemas y tecnológicas. A fin de poder dominar las competencias mencionadas se necesitan determinados fundamentos: habilidades básicas (leer, escribir, escuchar, comunicar, realizar cómputos), capacidades de pensamiento (tomar decisiones, resolver problemas, procesar símbolos, aplicar nuevos conocimientos) y cualidades personales (responsabilidad, autoestima, sociabilidad, autocontrol, integridad, honestidad).

Ante este panorama opina la autora que los países deben asegurar a toda la población una nueva educación básica y sintetiza las propuestas de varios organismos internacionales. La UNESCO identifica cuatro pilares de la educación -aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser-, para conducir a la humanidad hacia una mayor comprensión mutua. La CEPAL preconiza una educación integral, equitativa y permanente y ahonda en la importancia de que cada país logre una endogenización de las innovaciones propuestas, ya que las transformaciones no pueden lograrse al margen de las tradiciones.

Se detiene el estudio a continuación en las tendencias que se están registrando en la mayor parte de los sistemas educativos de la Región para que la población alcance las competencias básicas exigidas, y analiza los aspectos fundamentales que debe brindar una educación integral: alfabetización, formación matemática, cultura tecnológica, capacidad científica, educación emocional y artística, y formación cívica y ética.

Es interesante observa el interés que da a las Humanidades y las Ciencias Sociales, las cuales propician los métodos sistemáticos de investigación y conocimiento para la comprensión e interpretación de los fenómenos sociales; son las que llevan, entre otros resultados, a reconocer y respetar la diversidad entre países, a alcanzar una clara conciencia de la historia local, nacional e internacional, y a acrecentar las propias potencialidades.

Sostiene finalmente la autora que la educación básica es una responsabilidad eminentemente pública, lo cual no significa que deba ser manejada exclusivamente por el aparato gubernamental. Esto entronca con el debate acerca de la naturaleza pública o privada de la educación y sus numerosas ramificaciones: el sentido que debe tener la educación en el ámbito de la democracia, la justicia y el desarrollo social, político y cultural de los países; la legitimidad de los actores que deciden y regulan la educación; la naturaleza de los contenidos a enseñar; la facultad de acreditar los conocimientos adquiridos; las fuentes de financiamiento y su administración; la formación y condiciones laborales e institucionales de los profesores. Más que oponer lo gubernamental a las organizaciones privadas, "el debate debería centrarse en la nueva definición de lo público que se desprende de una mayor y más comprometida corresponsabilidad social de nuevos actores para asegurar a toda la población latinoamericana los rasgos de inclusión, equidad, justicia y democracia con los que nuestros países se comprometieron en sus Constituciones".

Referencias